Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus dos gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se intensifica con una demanda presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de crear una estructura societaria destinada a comprar el control en en torno a veinte compañías usando inapropiadamente los elementos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y administrador en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 compañías, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el enfrentamiento empieza a formarse en 2016, instante en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde ese Gedesco Finance momento, se alega que se ha hecho un empleo indebido de los recursos de Gedesco para identificar y capitalizar oportunidades de inversión a través de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los cuatro directivos denunciados y operada mediante una red de doce filiales.

Esta composición pretendía esconder la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como administradores nominales hasta el momento en que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una secuencia de solicitudes judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de varias acciones legales contra el fondo, en un transcurso de menos de un par de meses.

Este escenario legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las afirmaciones de los fundadores de JZI por carecer de indicios delictivos, mientras que se desvelan mucho más capas de un conflicto que destaca la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital peligro..